a iniciativa de COESPE en todos los territorios, junto a otras organizaciones de pensionistas y afectadas por el escudo social básico, ha posibilitado que en gran parte de la sociedad y medios de comunicación , se esté dando un debate en torno a la necesidad que las medidas del llamado escudo social básico no decaigan, la presión sobre los poderes públicos debe ser mantenida, ya que la solución que se propone en los dos decretos llevados a votar al Congreso, por una parte no recoge la totalidad de las necesidades sociales de este momento, y por otra parte no está garantido en absoluto su aprobación, dado que los poderes fácticos representados por PP, VOX, UPN, y JUNTS mantienen una oposición frontal a cualquier tipo de medidas que permitan un modelo de protección básico a las personas más vulnerables, que están en la precariedad y en la desprotección social.

El decreto, que debe ser ratificado por el Congreso, en relación con el aumento de las pensiones públicas aún esta por aprobarse, y si esta decisión fuera ratificada, supondría una insuficiente subida ante el gran aumento del coste de la vida que no tiene control. Por ello, las organizaciones de pensionistas seguimos exigiendo la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones públicas, a través de una cláusula de revisión anual (paguilla), que fue derogada unilateralmente, y que debe ser recuperada. Pero ni tan siquiera esa subida exigua de las pensiones públicas, esta ratificada y la posición de la derecha extrema y los poderes financieros interesados en su destrucción y privatización, no nos permite la desmovilización.

Además, la miserable posición política de la derecha extrema, y la debilidad del Gobierno, ha degradado las propuestas iniciales del llamado Escudo Social básico, empeorando las medidas de protección con respecto a los desahucios, disminuyendo la protección sobre las personas más vulnerables, dando más poder a las grandes rentistas, con el peligro de que un número aproximado a las 70.000 personas puedan ser expulsadas de sus viviendas, sin solución de realojo. Un proceso de exclusión que en muchas comunidades y ayuntamientos se esta abordando con total insensibilidad hacia las personas mas vulnerables, con casos dramáticos en ciudades como Badalona o comunidades como Madrid.

La posición de la derecha extrema de oposición a las medidas paliativas de la crisis de vivienda (segundo decreto), también afecta a miles de pensionistas y trabajadoras, que dependen de medidas como el bono eléctrico, la prohibición de cortar luz, gas agua, etc. Todo ello de no aprobarse, aumentará la vulnerabilidad y la desprotección.

Por ello, COESPE junto a las organizaciones de pensionistas en todo el estado, hacemos un llamamiento de solidaridad y movilización con las personas afectadas para enfrentar ese riesgo de involución, si se impone la posición de la derecha extrema, que ha conseguido con el apoyo de los medios privados y la crisis en que nos hallamos, llevar a una situación de gran debilidad al Gobierno, que puede desembocar en un aumento de la precariedad y la vulnerabilidad en nuestra sociedad. En este sentido, contando con todas

las organizaciones sociales en favor de los derechos democráticos, los servicios y las pensiones públicas, así como con las organizaciones sindicales y políticas, convocamos los días 21, 22, y 23 de febrero a impulsar movilizaciones territoriales en todo el Estado, en defensa de la vida y los derechos de la sociedad.

Es hora de la movilización y la denuncia contra aquellas fuerzas que representan lo más reaccionario de la sociedad, que quieren despojar del escudo social básico a las personas más vulnerables y desfavorecidasd.

Gobierne quien gobierne los derechos, los servicios y las pensiones públicas se defienden.