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Documentación interna de los Mossos demuestra que han espiado reiteradamente asambleas sindicales y políticas

Marc August Muntanya

La Comisaria General de Información elaboró «notas informativa» de reuniones celebradas en las sedes de la CGT, CNT-AIT y CUP desde los años 90 y hasta la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017.

Un agente de los Mossos toma fotos de La Teixidora, centro social del barrio del Poblenou de Barcelona, el 27 de enero de 2009 / Diego Ibarra

Letter L png 3D alphabets | Premium PNG - rawpixela consellera de Interior, Nuria Parlon, aseguró este miércoles en el Parlament que la infiltración de dos agentes de los Mossos d’esquadra en una asamblea de profesores en el Instituto Pau Claris de Barcelona había sido un «error» fruto de la «inercia operativa». Lo que no aclaró es en qué otras ocasiones se habían llevado a cabo operaciones de espionaje al activismo social y sindical. Esto significa, en base a la documentación de la Comisaría General de Información de los Mossos d’esquadra, se puede confirmar que esta práctica no es esporádica ni excepcional y que, al menos, durante dos décadas ha sido el modus operandi del Cuerpo. La policía catalana pretendió destruir esta documentación en la incineradora de Sant Adrià de Besos antes de la aplicación del artículo 155 en octubre de 2017, y fue requisada por la policía española.

En ese momento, Josep Lluis Trapero era el comisario jefe de la policía catalana, Manel Castellvi era el Comisario de Información y el intendente en ascenso Eduard Sallent, que luego ocupó el cargo de comisario jefe, tenía el cargo de jefe de inteligencia. El grueso del requerimiento, sin embargo, no trascendió a la opinión pública, aunque fue indexado y llevado a los tribunales en enero de 2018. Se envió un informe de 400 páginas resumiendo y ordenando el contenido de las cajas a todas las partes involucradas en el caso (defensas y acusaciones) y toda la documentación se almacenó en archivadores como una «pieza condenatoria», material probatorio que se guarda en los tribunales a disposición del magistrado responsable de la instrucción. Posteriormente se levantó el secreto sumarial y el 9 de enero de 2019 se archivó la causa por el intento de incineración de los documentos.

Transcripción del sumario judicial en el que se hace constar el material requisado en el Puesto de Información General de los Mossos d’esquadra. / Archivo

La primera carpeta de la serie data de 1998, pero la intensidad de los seguimientos y grabaciones se dispara desde 2006, durante los mandatos de Montserrat Tura (PSC) y Joan Saura (ICV), cuando los Mossos son desplegados en Barcelona. Alcanzó su pico máximo entre el 2010 y el 2012, con Felip Puig (CDC) a la cabeza del Departamento de Interior y en un contexto en el que se convocaron hasta cuatro huelgas generales en Cataluña.

Mediante vigilancia perimetral y con la indispensable presencia de informadores dentro de los actos, se elaboraron las «notas informativas». El centro Social de Sants, las sedes de la CGT y la CNT-AIT, el Ateneo Popular de l’Eixample, la Universidad Libre La Rimaia, el Casal Independentista Quico Sabate, l’Espai Obert, la Barraqueta, la Casa de la Solidaridad, el Casal Popular Manuel de Pedrolo, el Casal De Joves de Gracia o la Universidad de Barcelona fueron, por citar algunos ejemplos, edificios que estuvieron bajo la lupa de los agentes de paisano.

Ocho meses antes de la celebración del referéndum del 1 de octubre, el 24 de febrero de 2017, se publicó un informe de 62 páginas sobre la estructura de la organización política Endavant, integrada en la izquierda independentista, y de dónde procedían parte de las Candidaturas de Unidad Popular (CUP). Además, en los archivos del CGI había un dossier sobre el Consell Político de la CUP celebrado el 8 de febrero de 2014 en Barcelona, un acto del Grupo de Acción Parlamentaria de la CUP y la hoja de ruta de la organización anticapitalista para las elecciones del 27 de septiembre de 2015, cuando, con Antonio Ba Proxios y Anna Gabriel como cabezas de lista, lograron sus mejores resultados, una docena de escaños.

Las investigaciones y el interés policial de los Mossos también se centraron en el ámbito de las relaciones internacionales. En el edificio Egara de Sabadell se guardaba una copia del acta de una reunión entre Sortu y organizaciones de la izquierda independentista, celebrada el 28 de enero de 2014 en el Casal Independentista Jaume Compte de Sants, o un manifiesto de la candidatura Els Pobles Decideixen para las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, integrada por EH Bildu, el BNG y Alternativa Nacionalista Canaria, entre otros, donde finalmente no participó la CUP.

El movimiento 15-M y las revueltas asociadas a las huelgas generales también fueron una de las piedras en el zapato del conseller Felip Puig, y así lo denotan las peticiones que el líder convergente hizo al Departamento de Interior: dossier de prensa sobre el movimiento Democràcia Real Ja dentro de una carpeta con el nombre del Comisario Manel Castellvi, fotografías e informes sobre el desalojo de la Plaza de Catalunya el 27 de mayo de 2011, la lista de detenidos por la huelga general del 29 de marzo de 2012 y un documento sobre la web de soplones de los manifestantes que finalmente, sería retirada por Interior.

En ese contexto de alta movilización contra la reforma laboral, se encargaron estudios más generalistas titulados «Conflicto social y laboral en Cataluña» e «Independentismo revolucionario catalán». Ambos incluyen un marco conceptual, la situación a la fecha en que fueron redactados y la proyección de escenarios para el año 2012. Paralelamente, también debía elaborar un manuscrito completo titulado «CNT», en el que figuraban diversas afiliaciones (nombres y apellidos), direcciones y números de teléfono.

Todo ello, acompañado de documentos elaborados por agentes que se infiltraron en asambleas celebradas dentro de sus sindicatos. Por poner algunos ejemplos, una «nota informativa» de tres folios, dos de ellos escritos por las dos caras, en la que se daba detalles de la Asamblea celebrada en la sede del Sindicato en Via Laietana. Agentes de inteligencia vigilaron el desarrollo de la cita ese lunes, previo a la huelga general del 27 de enero de 2011. Y otra «nota informativa» de dos folios, uno de ellos escrito por ambas caras, detallando la cobertura policial del desarrollo de una reunión celebrada en la sede sindical de CNT – AIT Catalunya en el Raval de Barcelona. La convocatoria estaba relacionada con la huelga general del 27 de enero de 2011.

😩Archivada la querella contra Martín Villa por el asesinato de Teófilo del Valle👎🏼

🇪🇭Estudiante saharaui secuestrado por agentes marroquís después de quedar en libertad tras diez años de cárcel⛓️

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🎓Amenazan con multas a representantes sindicales de la Universidad Complutense💶.

por la huelga por Palestina del pasado 15 de octubre de 2025

Download E, Letter, Font. Royalty-Free Stock Illustration Image - Pixabayl pasado 15 de octubre de 2025, en el contexto de la ola de movilización contra el genocidio en Palestina, multiples organizaciones sociales apoyaron huelgas en los centros de trabajo: : huelga general a nivel estatal por parte de CGT y paros parciales por parte de UGT y CCOO.

En el caso de la Universidad Complutense, los piquetes informativos se desarrollaron con plena normalidad desde por la mañana, y a las 10:30 nos concentramos en la plaza central de Ciudad Universitaria para ir hacia el Rectorado de la UCM, en el marco de las actividades propias de unos piquetes de huelga dentro de nuestro propio centro de trabajo.

De manera completamente injustificada, la policía nacional bloqueó a los piquetes de la plaza de Ciudad Universitaria, y nos retuvo durante aproximadamente una hora, ya que según la percepción policial existía el riesgo de que hiciésemos algo distinto. En ese tiempo de retención, la policía identificó a los responsables sindicales de CGT-UCM y CCOO-UCM, así como a miembros del equipo jurídico que estuvimos interlocutando con los agentes para poder ejercer nuestros derechos. Finalmente, tras una hora de bloqueo, acordamos una manifestación hacia el Rectorado de la UPM, que se realizó con total normalidad. Hay que destacar que en todo momento hubo un diálogo constante con las fuerzas policiales, con el objetivo de que no hubiese ninguna incidencia en una movilización tan importante.

Ahora, más de 5 meses después, la Delegación del Gobierno en Madrid tras una denuncia policial, acaba de notificarnos a 4 de los interlocutores con la policía, tres representantes sindicales  de CGT y uno CCOO, propuestas de sanción de 600 euros por una «concentración no convocada».

¿Cómo se justifica esta represión económica, en el contexto de una huelga general convocada, y con el motivo además del genocidio en Palestina? Hemos conocido recientemente que 4 personas se enfrentan a penas de cárcel por las protestas de la Vuelta ciclista, varias personas han sido multadas en Cantabria, y en el año 2025, las vulneraciones del derecho a la protesta crecieron en al menos un 66%.. Frente a la realidad, el propio Pedro Sánchez dijo el pasado 25 de marzo  en el Congreso que «no hubo represión el año pasado durante las protestas en favor del pueblo palestino». Y solo hasta 2024, la  Ley Mordaza realizó al  menos 2,5 millones de sanciones y recaudó 1500 millones de euros a las arcas del Estado.

Estas propuestas de multas, al igual que la actuación policial el día de la huelga, no sólo se basan en datos inciertos, sino que vulneran los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical, reunión y autonomía universitaria. Desde CCOO-UCM y CGT-UCM hemos consensuado oponernos y no pagar estas injustificadas amenazas de sanción y anunciamos que recurriremos por vía administrativa y judicial para que se repare este atropello. Además, exigimos:

  • Al Delegado de Gobierno de Madrid, Francisco Martín Aguirre, no solo que archive inmediato de los expedientes sancionadores, sino que dé una explicación política inmediata, dirigida tanto a la ciudadanía como a sus superiores, acerca de estas prácticas antisindicales e ilegales.
  • Al Rector de la Universidad Complutense de Madrid, que aclare si solicitó la intervención policial contra los piquetes el día de la huelga del 15/10, y que se pronuncie sobre si le parece compatible con la legalidad y con su idea de la autonomía universitaria que se coarte y multe a representantes sindicales de la UCM cuando ejercen su derecho al conflicto colectivo.
  • A ambas autoridades, que asuman el papel central del derecho a la huelga, de manifestación y de autonomía universitaria como mecanismo institucional de defensa frente a los ataques a la universidad pública y a la Universidad Complutense, y que se comprometan formalmente a respetar la legalidad y evitar prácticas antisindicales similares en el futuro.

🗓Cádiz: Los soldadores del metal ‘vetados’🖋

🍔Ahora todos somos trabajadores de comida rápida🍟

💶15 millones 💰de  la U.E.🇪🇺

para liquidar el mayor bastión autogestionado de Grecia🇬🇷

Download E, Letter, Font. Royalty-Free Stock Illustration Image - Pixabayl brazo ejecutivo de Nueva Democracia en la región de Ática ha puesto en marcha una maquinaria silenciosa para borrar del mapa el barrio okupado de Prosfygika. Según ha denunciado la asamblea de vecinos a través de un comunicado difundido por Regeneración Libertaria, el gobierno de Kyriakos Mitsotakis planea un operativo de desalojo —el cuarto en una década— financiado con 15 millones de euros provenientes de los fondos europeos ESPA 2021-2027.

La estrategia institucional utiliza una narrativa de «modernización» y «fines sociales», prometiendo crear alojamientos para familiares de pacientes oncológicos. Sin embargo, desde la comunidad denuncian que esto es una coartada ética para ocultar un proceso de gentrificación agresiva. Prosfygika no es un edificio vacío; es un pulmón social que actualmente da cobijo a más de 400 personas, incluyendo a medio centenar de niños, refugiados y personas con enfermedades crónicas o problemas de salud mental.

Durante sus 16 años de existencia, la asamblea ha creado 22 estructuras que funcionan «sobre la base de la autoorganización y la solidaridad social». Entre ellas figuran una guardería autogestionada, una farmacia social, una estructura de acogida para familiares de pacientes del hospital oncológico vecino St. Savvas, una panadería colectiva y un refugio para mujeres.

Desde la asamblea de vecinos de Prosfygika denuncian que esta maniobra busca encubrir el saqueo inmobiliario y denuncian el cinismo institucional que habla de vivienda social mientras el propio Ayuntamiento de Atenas mantiene 80.000 pisos vacíos. Para los vecinos, el objetivo real es la revalorización del suelo y el aumento de los alquileres, sacrificando un proyecto que ha demostrado que la solidaridad y la autoorganización son alternativas viables al mercado.

Fondos europeos y el rodillo turístico, 

Esta estrategia de utilizar el dinero de Bruselas para financiar intereses políticos ajenos a ala comunidad no es ajena a nuestra realidad. Lo que sucede en Atenas resuena con especial fuerza en la España macroturístificada, donde el concepto de «modernización» a menudo sirve de caballo de Troya para expulsar a la población de los barrios y hacer hueco a modelos de economía urbana enfocada en el monocultivo turístico y la privatización del paisaje y la vida.

Una amenaza global a la autonomía

La ofensiva contra Prosfygika es un aviso para navegantes: Como ya ocurrió con el barrio de Christiania (Copenhague), donde el Estado danés inició una ofensiva para privatizar décadas de autonomía bajo la excusa de la legalidad, el capital no tolera zonas de sombra ni espacios donde el control social no sea absoluto. La destrucción de este barrio no solo tendría consecuencias físicas y mentales devastadoras para sus habitantes —quienes advierten que, como le sucedió a Amparo en Santander «muchos no sobrevivirán al desalojo»—, sino que supondría una derrota simbólica para todos los movimientos que, desde la periferia, intentamos construir soberanía frente al dictado del mercado.

La comunidad ha lanzado un llamamiento internacional a la resistencia la defensa del derecho a existir fuera de las lógicas de la mercancía, situando los cuidados en el centro de la política. La piqueta que amenaza los muros de Atenas es, bajo otros nombres y otros expedientes administrativos, la misma que amenaza nuestras propias formas de vida. Romper el cerco informativo es el primer paso para la defensa.

🏴IX Conferencia internacional de Anarchist Studies Network.

CNT: Dosier: «Tecnología y emancipación»

Criptoprofetas. Hipermasculinidad y nueva derecha

 

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✊🏽Por la defensa del Escudo Social Básico🛡

Free L Letter Vector Art - Download 1,544+ L Letter Icons & Graphics ...a iniciativa de COESPE en todos los territorios, junto a otras organizaciones de pensionistas y afectadas por el escudo social básico, ha posibilitado que en gran parte de la sociedad y medios de comunicación , se esté dando un debate en torno a la necesidad que las medidas del llamado escudo social básico no decaigan, la presión sobre los poderes públicos debe ser mantenida, ya que la solución que se propone en los dos decretos llevados a votar al Congreso, por una parte no recoge la totalidad de las necesidades sociales de este momento, y por otra parte no está garantido en absoluto su aprobación, dado que los poderes fácticos representados por PP, VOX, UPN, y JUNTS mantienen una oposición frontal a cualquier tipo de medidas que permitan un modelo de protección básico a las personas más vulnerables, que están en la precariedad y en la desprotección social.

El decreto, que debe ser ratificado por el Congreso, en relación con el aumento de las pensiones públicas aún esta por aprobarse, y si esta decisión fuera ratificada, supondría una insuficiente subida ante el gran aumento del coste de la vida que no tiene control. Por ello, las organizaciones de pensionistas seguimos exigiendo la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones públicas, a través de una cláusula de revisión anual (paguilla), que fue derogada unilateralmente, y que debe ser recuperada. Pero ni tan siquiera esa subida exigua de las pensiones públicas, esta ratificada y la posición de la derecha extrema y los poderes financieros interesados en su destrucción y privatización, no nos permite la desmovilización.

Además, la miserable posición política de la derecha extrema, y la debilidad del Gobierno, ha degradado las propuestas iniciales del llamado Escudo Social básico, empeorando las medidas de protección con respecto a los desahucios, disminuyendo la protección sobre las personas más vulnerables, dando más poder a las grandes rentistas, con el peligro de que un número aproximado a las 70.000 personas puedan ser expulsadas de sus viviendas, sin solución de realojo. Un proceso de exclusión que en muchas comunidades y ayuntamientos se esta abordando con total insensibilidad hacia las personas mas vulnerables, con casos dramáticos en ciudades como Badalona o comunidades como Madrid.

La posición de la derecha extrema de oposición a las medidas paliativas de la crisis de vivienda (segundo decreto), también afecta a miles de pensionistas y trabajadoras, que dependen de medidas como el bono eléctrico, la prohibición de cortar luz, gas agua, etc. Todo ello de no aprobarse, aumentará la vulnerabilidad y la desprotección.

Por ello, COESPE junto a las organizaciones de pensionistas en todo el estado, hacemos un llamamiento de solidaridad y movilización con las personas afectadas para enfrentar ese riesgo de involución, si se impone la posición de la derecha extrema, que ha conseguido con el apoyo de los medios privados y la crisis en que nos hallamos, llevar a una situación de gran debilidad al Gobierno, que puede desembocar en un aumento de la precariedad y la vulnerabilidad en nuestra sociedad. En este sentido, contando con todas

las organizaciones sociales en favor de los derechos democráticos, los servicios y las pensiones públicas, así como con las organizaciones sindicales y políticas, convocamos los días 21, 22, y 23 de febrero a impulsar movilizaciones territoriales en todo el Estado, en defensa de la vida y los derechos de la sociedad.

Es hora de la movilización y la denuncia contra aquellas fuerzas que representan lo más reaccionario de la sociedad, que quieren despojar del escudo social básico a las personas más vulnerables y desfavorecidasd.

Gobierne quien gobierne los derechos, los servicios y las pensiones públicas se defienden.

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